Las cuencas del Paraná y el Uruguay en Misiones cuentan con dos declaraciones provinciales de protección que abarcan las vertientes hacia ambos ríos. Las leyes XVI 164 y XVI 167, sancionadas en 2023 a partir de iniciativas de Carlos Rovira, establecieron reservas de uso múltiple. Su escala va desde los ambientes cercanos a las nacientes hasta los cursos que descargan en los grandes ríos del territorio.

La cuenca del Uruguay recibió el reconocimiento el 31 de agosto; la del Paraná, el 14 de septiembre. Las normas comparten herramientas de gestión, pero identifican destinos distintos del agua. Esa división permite considerar arroyos y vertientes como partes de sistemas conectados, incluso cuando atraviesan varios municipios o predios antes de alcanzar la desembocadura.

En un paisaje conocido por sus saltos y riberas, la protección por cuencas dirige la atención hacia sectores menos visitados. Una naciente o un pequeño afluente forman parte del funcionamiento del río aunque estén lejos de una costanera, un embarcadero o un mirador. La delimitación legal sigue esas relaciones del agua y no solamente los lugares de acceso turístico.

Qué territorio comprenden las dos reservas

La Reserva de Uso Múltiple Cuenca del Río Uruguay alcanza a las cuencas hídricas del territorio provincial cuyas vertientes desembocan en ese río. La norma equivalente para el Paraná utiliza el mismo criterio con las aguas que se dirigen hacia él. Cada ley remite a un mapa anexo para la descripción de su ámbito.

Ambas aclaran que la declaración se realiza sin implicar subdivisión. La protección ambiental se organiza sobre una unidad territorial y no equivale a dividir automáticamente los inmuebles comprendidos en ella. Tampoco convierte todas las tierras en espacios de acceso público: los derechos de ingreso y las condiciones de uso necesitan su tratamiento específico.

Las dos reservas complementan la Ley XVI 105 y el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, regulado por la Ley XVI 29. Esa articulación importa porque incorpora las nuevas declaraciones a herramientas de conservación ya existentes. El manejo de una cuenca debe relacionarse con otras medidas que protegen ambientes, especies y recursos del mismo territorio.

Una incorporación progresiva de áreas

La autoridad de aplicación debe identificar e integrar áreas de manera progresiva, mediante criterios de mérito, oportunidad y conveniencia. El mandato define un proceso de implementación. La sanción de las leyes crea la protección y sus instrumentos, mientras que la selección de sectores, la planificación y el seguimiento requieren decisiones posteriores.

Entre esas tareas figura establecer por reglamentación los inmuebles y la superficie de un área testigo. Ese componente permite concretar territorialmente parte del funcionamiento previsto por el sistema de reservas de uso múltiple. La existencia de la figura en la ley no basta para informar la ubicación de un área testigo específica sin consultar los actos que la hayan delimitado.

Los acuerdos con propietarios son otra herramienta compartida. Pueden comprender tierras incorporables a la reserva y predios linderos que reúnan las condiciones ambientales necesarias. Para esos casos se contempla el tratamiento fiscal diferencial correspondiente. La colaboración queda ligada a requisitos y convenios; no se presume por la sola cercanía de un lote a un arroyo.

El agua conecta decisiones tomadas en lugares distintos

La elección de las cuencas como ámbito de conservación permite abordar relaciones que atraviesan límites administrativos. El agua recorre pendientes y cauces antes de llegar al río principal. Las actividades próximas a las nacientes, la vegetación de las márgenes y el estado de los afluentes intervienen en un sistema que continúa más allá de un solo establecimiento o localidad.

En los fundamentos de las iniciativas, Rovira vinculó la protección con los ambientes naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. La atención a las nacientes fue uno de los argumentos expresos. Esa amplitud permite reconocer que el valor de una cuenca incluye procesos ambientales y huellas de ocupación humana, además del agua visible en el cauce.

Para quienes viajan por Misiones, leer el territorio de ese modo aporta contexto a la visita. Un salto puede entenderse como parte de un arroyo y este como parte de una red que llega al Paraná o al Uruguay. Las reservas no crean por sí solas nuevos circuitos turísticos ni anuncian obras de acceso, pero sí permiten ubicar esos paisajes dentro de una política territorial de conservación.

Planificación y seguimiento de los usos

El plan de manejo es un componente central en ambas normas. La autoridad debe asesorar su elaboración, aprobarlo y monitorearlo; la preparación corresponde a las autoridades y personas designadas para esa tarea. El seguimiento permite evaluar la relación entre los objetivos de conservación y las actividades que se desarrollan en el área.

La categoría de uso múltiple exige precisamente definir esa relación. No establece que todas las actividades sean compatibles en cualquier lugar ni reemplaza los controles ambientales aplicables. Ordenar usos requiere atender las características de los sectores, sus conexiones con otros ambientes y las condiciones previstas por el sistema provincial.

Las leyes facultan además el dictado de normas complementarias y las adecuaciones presupuestarias necesarias. Son instrumentos para llevar las declaraciones a una gestión concreta. En las dos vertientes de Misiones, ese trabajo tiene como referencia cursos de agua que comienzan a formar parte de la reserva mucho antes de llegar a la costa del Paraná o del Uruguay.