Un programa para organizar el turismo en las áreas protegidas de Misiones y sus zonas vecinas ingresó a la Legislatura en 2022, con la firma de Karen Fiege Wutzke y Carlos Rovira. La propuesta incluía senderos, centros de visitantes y servicios de bajo impacto, junto con un mecanismo para que los ingresos obtenidos por cada parque regresaran a ese mismo espacio.
El expediente D-60803/22 planteaba una intervención conjunta de las áreas de Turismo y Ecología. Su alcance comprendía tanto las obras necesarias para recibir visitantes como la organización de actividades y la posibilidad de concesionar servicios. Se trata de una iniciativa legislativa presentada en 2022; sus previsiones describen un programa propuesto y no acreditan, por sí mismas, obras construidas o prestaciones habilitadas.
El punto de partida era relacionar la conservación con la planificación de las visitas. Los autores proponían revisar las zonas de uso y las decisiones de administración para incorporar una oferta turística sostenible, procurando mantener una intervención humana reducida. Esa revisión involucraba accesos, recorridos y lugares de permanencia dentro de los espacios naturales.
Llegar, orientarse y recorrer
Para recibir público, la iniciativa contemplaba portales, edificios de administración y control y centros de visitantes. Son instalaciones con funciones diferentes: ordenar el ingreso, sostener el trabajo del personal y ofrecer información a quienes llegan. Al incluirlas junto con los caminos de acceso, el programa propuesto abordaba el recorrido desde antes de la caminata por el área protegida.
La señalización y los centros de interpretación completaban esa primera aproximación. Los senderos podían tener duraciones distintas, con trayectos cortos y largos, mientras que las torres de observación aparecían entre las adecuaciones posibles. El proyecto no asignaba una obra específica a cada parque ni establecía un calendario de inauguraciones.
Esa falta de localización individual tiene una consecuencia para el visitante: la enumeración de infraestructura no funciona como una guía de servicios existentes. Permite conocer qué se pretendía incorporar al programa. Para planificar una salida concreta sigue siendo necesario consultar qué recorridos y actividades están habilitados en el área elegida.
El proyecto definía el disfrute turístico mediante actividades participativas organizadas por operadores, en ambientes con poca intervención. A partir de esa idea proponía revisar las estructuras de manejo, de modo que la recepción del público se integrara a las decisiones de administración del espacio natural.
Qué actividades se contemplaban
El canotaje, el cicloturismo, el trekking y el arborismo figuraban entre los servicios que podrían concesionarse. La posibilidad se extendía a otras actividades de bajo impacto, sin transformar esa lista en una habilitación inmediata. Cada prestación formaba parte de las facultades que el programa proyectado buscaba otorgar a sus autoridades de aplicación.
También se preveían campings agrestes y espacios para alojamientos tipo lodge o glamping. Las alternativas respondían a formas distintas de permanencia: desde acampar hasta disponer de instalaciones de hospedaje. La propuesta vinculaba esos servicios con una planificación de uso público y con la licitación de prestaciones privadas dentro de las áreas protegidas.
Los fundamentos del programa insistían en acompañar la actividad con controles, capacitación y participación de las poblaciones cercanas. La relación entre prestadores, visitantes y administración del parque aparecía como una condición del desarrollo turístico planteado. Los beneficios económicos se presentaban como una expectativa de la iniciativa, sin cifras que permitieran medir resultados ya obtenidos.
Para las comunidades vecinas se proponía una vinculación con la oferta turística y con las posibilidades de empleo y servicios. El alcance territorial del programa incluía precisamente a las áreas próximas a los espacios protegidos, además de lo que sucediera dentro de sus límites.
Los ingresos de cada parque
Una de las previsiones más concretas era la descentralización financiera. La iniciativa buscaba que la recaudación generada por un parque retornara a ese parque, como ingreso propio. Esa regla propuesta relacionaba la recepción de visitantes con los recursos disponibles para administrar el lugar y sostener su uso público.
La organización comercial también estaba contemplada. Las autoridades podrían celebrar convenios con cámaras de turismo y agencias para la compra de entradas. A la vez, se las facultaba a asesorar a organismos municipales, provinciales y nacionales y a coordinar acuerdos con municipios y otras instituciones.
El diseño institucional reunía a Turismo y Ecología como autoridades de aplicación. Entre sus facultades se incluían planificar infraestructura, licitar servicios y modificar la estructura de manejo de las áreas naturales protegidas. La articulación propuesta debía abarcar, por lo tanto, decisiones de conservación y de recepción turística.
El expediente preveía además autorizar al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir el programa. Esa disposición era parte del proyecto presentado, al igual que las restantes facultades. No constituía una asignación ejecutada ni un detalle de inversiones realizadas.
El Boletín de Asuntos Entrados número 18 de 2022 registró la coautoría de Fiege Wutzke y Rovira y el envío del expediente a la Comisión de Comercio, Industria, Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo. Ese es el trámite documentado de una propuesta que reunía senderos, servicios y administración de ingresos dentro de un mismo programa.
