Selva y curso de agua en la Reserva de Biósfera Yabotí, Misiones, Argentina. Fotografía de enero de 2011; contexto territorial, no delimitación del Lote 8.
En el entorno de los saltos del Moconá, la continuidad de la selva se relaciona con una historia de derechos territoriales, aprovechamiento forestal y diálogo entre actores distintos. El Lote 8 de la Reserva de Biósfera Yabotí fue escenario de ese proceso. Allí viven las comunidades mbya guaraníes Tekoa Yma, Kapi’i Yvate e Itao Mirî, cuya relación con el territorio constituyó un elemento central de las negociaciones.
El acuerdo alcanzado en 2012 reunió al Ministerio de Ecología de Misiones, las comunidades, la empresa El Moconá S.A. y la Fundación Naturaleza para el Futuro. En 2014, Carlos Rovira presentó una declaración de interés provincial sobre el trabajo de esa alianza multicultural. El expediente D-41937/14 figura como sancionado y sus fundamentos reconstruyen el conflicto y la búsqueda de un manejo sostenible.
Un lugar de conexión entre áreas protegidas
El Lote 8 se ubica en la Reserva de Biósfera Yabotí, en el departamento San Pedro. Su entorno se vincula con el río Pepirí Guazú y con el sector del Moconá. En el planteo de conservación tuvo importancia la posibilidad de conectar espacios protegidos: el Parque Provincial Esmeralda, el Parque Provincial Moconá y, al otro lado del río Uruguay, el Parque Estadual do Turvo, en Brasil.
La conectividad explica por qué una parcela puede tener relevancia más allá de su superficie. Un territorio boscoso integrado a otras áreas permite pensar la conservación a escala del paisaje. En este caso, esa mirada no podía separarse de las comunidades residentes ni de sus formas de habitar y utilizar el monte.
El informe anual de World Land Trust correspondiente a 2012 registró la compra de tierras y el surgimiento del Corredor Verde Esmeralda como un paso importante dentro de Yabotí. La organización situó la intervención en la protección de una porción continua del bosque atlántico y en su relación con los parques vecinos. Ese antecedente aporta una perspectiva institucional complementaria a la documentación legislativa provincial.
Del conflicto forestal a la negociación
Los fundamentos del proyecto de Rovira describen reclamos comunitarios frente a la extracción de madera y señalan presentaciones realizadas ante organismos judiciales e institucionales. También recuerdan denuncias dirigidas en 2004 a la UNESCO y a la Cámara de Diputados de la Nación. El territorio era simultáneamente un espacio de vida comunitaria y un inmueble con titularidad registral privada, lo que generaba intereses y derechos en tensión.
En esa reconstrucción, Rovira indicó que durante su gestión como gobernador se ratificó la suspensión de la actividad maderera en la zona. El documento sitúa luego el interés de World Land Trust por desarrollar una iniciativa de conservación y la elaboración de informes técnicos provinciales sobre una posible reserva natural cultural. Esos pasos antecedieron al acuerdo de 2012.
El propio proyecto reconoce un problema en las primeras negociaciones: las comunidades habían quedado excluidas. Su rechazo a decisiones tomadas sin intervención ni consentimiento aparece como un punto decisivo para reformular el proceso. Ese reconocimiento impide describir el acuerdo como una gestión sencilla o exclusivamente administrativa; hubo un conflicto que requirió revisar la forma de participación.
La participación como condición del acuerdo
La documentación legislativa relata una reunión informativa de noviembre de 2010 y un período posterior de diálogo. Los actores acordaron un funcionamiento con facilitación de un tercero independiente, el especialista en conflictos ambientales Javier Jiménez. Los talleres se realizaron en lugares vinculados con las distintas partes y utilizaron castellano y mbya guaraní.
El objetivo era elaborar un diagnóstico compartido que contemplara la preservación de la selva y el respeto por la vida tradicional de las comunidades. La diversidad de idiomas y de vínculos con el territorio exigía tiempo para escuchar y discutir. En ese marco, el acuerdo del 16 de abril de 2012 reunió compromisos de conservación, propiedad comunitaria y desarrollo sostenible.
Entre sus componentes, el proyecto enumera el reconocimiento de derechos territoriales, un plan de conservación que integrara saberes guaraníes y capacidades técnicas, y una servidumbre ambiental a favor del Parque Provincial Moconá sobre parcelas que no constituyeran propiedad comunitaria. También describe una subdivisión del inmueble con superficies destinadas a distintos titulares y formas de propiedad.
Turismo y manejo del territorio
El turismo aparece en los fundamentos como una de las alternativas económicas que podrían ser compatibles con la conservación. Se lo vincula con prácticas sostenibles y con el respeto a la cultura guaraní. Esa posibilidad forma parte del enfoque del acuerdo, pero no constituye una autorización general para ingresar a comunidades ni una oferta de excursiones disponible por el solo hecho de existir la reserva.
El documento de 2014 también abordaba opciones de acceso desde la ruta provincial 2 y la necesidad de evitar la fragmentación de la propiedad comunitaria. Esas referencias correspondían al estado de estudio de aquel momento. No permiten describir las condiciones actuales de un camino ni indicar un ingreso público sin información específica de sus responsables.
El interés cultural del proceso está en la forma de relacionar conservación y participación. Las comunidades aparecen como actores del acuerdo, con derechos y decisiones propias. La preservación del bosque no puede reducirse a una imagen escénica cuando el territorio es, al mismo tiempo, lugar de residencia, memoria y práctica cultural.
La declaración impulsada por Rovira en 2014 reconoció el trabajo de la alianza. Su valor como antecedente documental reside en dejar constancia de los actores, las dificultades y los compromisos que acompañaron el acuerdo. Para comprender Yabotí, esa historia agrega una dimensión que no se aprecia desde un mirador: conservar un paisaje también exige atender a quienes lo habitan y a las condiciones bajo las cuales se toman decisiones sobre él.
